La prórroga de 30 años solicitada por la compañía Sierra de Morón S.A. (Sidemosa) para continuar explotando las montañas de la sierra de Esparteros, en Morón de la Frontera (Sevilla), debe contar inicialmente con una declaración de impacto ambiental (DIA), según se desprende de un documento firmado el pasado 22 de enero por la delegada territorial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Aurora Cosano, y al que ha tenido acceso Europa Press. Cabe recordar que el Juzgado de Instrucción número once de Sevilla, de otro lado, investiga la tramitación del plan de restauración aprobado años atrás respecto a las canteras de esta sierra.
El documento en cuestión, evacuado el 22 de enero de 2013 por el departamento de Aurora Cosano con destino a la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente, da cuenta de la prórroga de 30 años solicitada por Sidemosa para seguir explotando las canteras de la Sierra de Esparteros, en Morón de la Frontera. En su escrito, Cosano expone que el proyecto de prórroga "supone una superficie de actuación superior a la del proyecto aprobado en 1999, si bien las labores mineras proyectadas suponen una continuidad del mismo dentro del perímetro del plan de restauración aprobado en 2002".
Dada la detección de "taxones de flora amenazada y en peligro de extinción y la afección visual", y merced a un escrito formalizado en 2007 por la entonces Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente sobre la "necesidad de someter a nueva declaración de impacto ambiental la actividad minera autorizada", el departamento de Aurora Cosano señala en este último escrito que "entendería necesario someter el proyecto de prórroga a un procedimiento de pervención ambiental".
EL CASO DE SIDEMOSA
En diciembre de 2010, la federación provincial de Ecologistas en Acción elevó a la Fiscalía una denuncia por posibles delitos de prevaricación y dejación de funciones a cuenta del plan de restauración promovido por la compañía Sierra de Morón S.A. para la cantera Sierra de los Esparteros. Y es que en 2008, como prueba un documento firmado por la por entonces delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente, Pilar Pérez, y recogido por Europa Press, esta consejería reclamaba a la Delegación de la entonces Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa la "suspensión" de este plan de restauración al implicar "un peligro" para las especies amenazadas de la zona y una "destrucción irreversible" de zonas que sustentan un hábitat de interés comunitario.
Los denunciados; Francisco Álvaro Julio y María José Martínez Perza, --antaño delegados provinciales de la extinta Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa--, así como el jefe de Industria, Energía y Minas de la Junta, José Antonio Vega González, y el ex jefe del departamento de Minas Juan Manuel Revilla, "no procedieron conforme a dicha solicitud, ocasionándose los perjuicios expresados", figura en el escrito remitido luego por la Fiscalía a los juzgados de Sevilla.
"FALTA DE COLABORACIÓN"
El Ministerio Público, tras investigar los hechos, señala en este mismo escrito elevado a los juzgados un informe del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil que, no obstante, descarta prevaricación o dejación de funciones en los hechos, aunque la Fiscalía avisa de que la Delegación provincial de la Consejería de Medio Ambiente no le había remitido un informe interesado "en múltiples ocasiones". Esta "falta de colaboración" motivó, de hecho, que en enero de 2012, el Ministerio Público elevase los hechos a los juzgados para que el citado departamento emitiese el informe requerido y los denunciados prestasen declaración.
