El alcalde electo de Morón de la Frontera (Sevilla), Juan Manuel Rodríguez (PSOE), ha reclamado este miércoles que la revisión del convenio de Defensa firmado en 1988 entre España y EEUU para que la base aérea de Morón, ubicada no obstante en término municipal de Arahal, opere como cuartel permanente de la fuerza estadounidense de intervención en África, debe implicar "contraprestaciones en materia de empleo para los municipios" del área de influencia de la base.
"Un aumento de actividad en la base debe ser sinónimo de empleo y debe incluir contraprestaciones en materia de empleo para los municipios afectados por la base. El Gobierno de España debe tener en cuenta en esta nueva negociación del convenio las peticiones realizadas por el comité de empresa y representantes de la plantilla española, entre ellas adecuar los puestos de trabajo al número de marines y la readmisión de los trabajadores despedidos", ha dicho el alcalde en un comunicado.
Y es que este año no sólo se cumplen 75 años del nacimiento de este recinto militar, sino que además Estados Unidos y España, que comparten las instalaciones, negocian el uso de la base como cuartel permanente de la fuerza estadounidense de intervención en África, precisamente después de que la plantilla española haya sufrido 240 despidos desde 2010.
CONTRAPRESTACIONES
La plantilla, en ese sentido, reclama que esta negociación incluya la readmisión de los trabajadores despedidos y la "equiparación" de las condiciones de la plantilla con las de los trabajadores de la base aeronaval de Rota (Cádiz) y del resto de bases estadounidenses en Europa, lo que implica su transformación en "personal laboral local".
Los citados 240 despidos corresponden a los tres expedientes de regulación de empleo (ERE) consumados por Vinnell-Brown & Root Spain, la antigua empresa encargada de los servicios civiles, desde que se hiciese cargo de los mismos, unos despidos paralelos por cierto al crecimiento de la presencia militar estadounidense en la base.
Porque la representación sindical de la plantilla avisa desde hace ya años de una estrategia predeterminada de sustituir paulatinamente a los trabajadores españoles por personal estadounidense o directamente por militares.
CONFLICTO JUDICIAL
La plantilla, en ese sentido, ha impugnado ante la Justicia los ERE acometidos en 2013 y 2014 por VBR y hasta el momento, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha declarado no ajustado a derecho el despido colectivo de 2013, si bien tal aspecto no anula sus 66 despidos y sólo implica mayores indemnizaciones para los trabajadores afectados.
El Alto Tribunal andaluz, de cualquier manera, prevé celebrar el 18 de junio el juicio correspondiente a la impugnación del ERE de 2014, que supuso otros 55 despidos.
