El alcalde de Espartinas (Sevilla), José María Fernández, de Ciudadanos, ha dimitido tras ser citado a declarar el 20 de enero como imputado por un delito de prevaricación en contratos del programa de ayudas al empleo de personas en situación de exclusión social de la Junta.
En un comunicado, Ciudadanos ha aclarado de la dimisión "no está relacionada con un caso de corrupción" sino con un "asunto administrativo" relativo al plan de ayuda a la contratación, si bien José María Fernández ha decidido dimitir para "no perjudicar al partido y cumpliendo escrupulosamente con lo que dice los estatutos" de su partido.
Según el escrito de citación, al que ha tenido acceso Efe, José María Fernández ha sido imputado para investigar su participación en la contratación de estos programas de la Junta, por lo que tendrá que declarar el 20 de enero ante el titular del Juzgado número 3 mixto de la localidad de Sanlúcar la Mayor (Sevilla).
El escrito señala que ha sido llamado para "ser oído en concepto de imputado de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 486 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como responsable de un presunto delito de prevaricación".
La denuncia de este caso fue presentada por el PP en el Ayuntamiento de Espartinas, que también denunció al concejal de Servicios Sociales, Ignacio Rubio (PSOE), por presuntas anomalías detectadas en los referidos contratos, según fuentes del PP en Sevilla.
Los populares plantearon ante el juez las posibles irregularidades que se habrían cometido al realizar la contratación a raíz del caso de una vecina que afirmaba estar en el puesto número cinco de los expedientes sin que hubiese sido contratada y que se hicieron contra la opinión del secretario municipal y sin respetar los plazos de alegaciones.
En el comunicado, Ciudadanos ha denunciado que estos hechos son "consecuencia de una batalla librada en el ayuntamiento por el ex teniente de alcalde de este pueblo Javier Jiménez, del Partido Popular, imputado por malversación de caudales públicos".
Ha añadido que este litigio lo ha abierto el PP contra el regidor de Ciudadanos, que fue el "claro vencedor en las elecciones del pasado 24 de mayo después de 32 años de gobiernos con mayorías absolutas del Partido Popular".
Ciudadanos ha insistido en que "no hay nada irregular en los contratos, simplemente la no existencia de un plazo de alegaciones respecto a la baremación de los solicitantes".
Además, entre los contratados no hay militantes de Ciudadanos ni ha habido ningún tipo de interferencia política sobre el proceso de baremación, ha asegurado.
