El pasado 30 de noviembre, el presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos, firmó una resolución para la adjudicación de diez millones de euros más dentro de las convocatorias 2015 del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables, al objeto de adelantar dicho montante a un total de 16 municipios con cargo a la recaudación de sus tributos a manos del Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal (Opaef).
Villalobos se ha mostrado muy satisfecho con la agilidad con la que ha funcionado esta última convocatoria, "gracias a la implicación tanto de los ayuntamientos, que han puesto especial atención para que la documentación presentada cumpliera todos los requisitos, como del personal de esta Diputación, que sabe la prioridad e importancia de estas ayudas para nuestros pueblos y ponen toda la carne en el asador para resolver en tiempo y forma".
En esta ocasión, han sido 16 ayuntamientos los beneficiarios de este fondo, para 22 solicitudes que, en total, suponen cantidades que oscilan entre un máximo de 1,8 millones de euros para Morón de la Frontera y un mínimo de 48.000 euros adjudicados a El Ronquillo.
Las transferencias comenzarán a llegar a las arcas municipales en esta primera semana de enero. En concreto, los municipios recibirán las siguientes cantidades aproximadas, Alcalá del Río, 310.000 euros; Aznalcóllar, 535.000; Burguillos, 279.000 ; Espartinas, 631.000 euros; Estepa, 976.000; Gines, 319.000; Guadalcanal, 187.000 euros; Lebrija, 1,4 millones de euros; El Madroño, 53.000 euros; Morón de la Frontera, 1,8 millones de euros; Olivares, 443.000 euros; Palomares del Río, 355.000 euros; El Ronquillo, 48.000 euros; Tocina, 929.000 euros; Tomares, 1,1 millones de euros; y Villaverde del Río, 439.000 euros.
LOS ANTICIPOS DEL FEAR
La penúltima edición del FEAR, adjudicada a finales del mes de octubre, hizo ya posible transferencias por un total de 40 millones de euros a 63 Ayuntamientos, para un total de 98 ayudas enmarcadas en las seis líneas abiertas por la institución para 2015, como son los dos denominados como 'préstamos de mandato', el saneamiento de remanente de tesorería para gastos y para dar cumplimiento a sentencias en firme impuestas al ayuntamiento; las tres líneas con devolución a largo plazo --110 meses-- para inversiones y refinanciación, tanto de operaciones de crédito suscritas por el Consistorio como de deudas con la Seguridad Social reconocidas en convenio; y una última a corto plazo, para necesidades perentorias de tesorería.
El presidente de la Diputación de Sevilla ha destacado "el esfuerzo que venimos desarrollando desde esta institución para seguir apoyando a nuestros pueblos, con una contención permanente del gasto interno e ideando siempre nuevas fórmulas para que el dinero llegue a los pueblos y no a los bancos, trabajando para rentabilizar al máximo nuestros recursos y poner a disposición de los Ayuntamientos toda la ayuda posible".
Villalobos ha destacado el impacto de los fondos FEAR, a cuenta de la incidencia de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y el Plan Estatal de Pago a Proveedores sobre la economía de los ayuntamientos, porque la primera regulación "les ha cerrado" la posibilidad de firmar operaciones bancarias de crédito para la financiación de inversiones y servicios y la segunda ha supuesto la concertación de préstamos con "un tipo de interés medio de entre el cinco y seis por ciento".
CONVOCATORIAS ESPECÍFICAS
Frente a ello, defiende que entre 2011 y 2014, la Diputación de Sevilla ha impulsado hasta ocho convocatorias para acceder al Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables. "Cada una de ellas ha servido a los municipios sevillanos para hacer frente a la necesidades de pago marcadas por la realidad", ha enfatizado remarcando que sólo en 2015, los ayuntamientos de la provincia han recibido anticipos por valor de unos 50 millones de euros.
Así, el presidente de la institución provincial ha desgranado los pormenores de cada una de las convocatorias, desde la primera y sus efectos sobre los gastos del capítulo de personal, o la puesta en marcha en 2013 para contrarrestar las retenciones en la participación en los ingresos del Estado (PIE) sufrida por diversos ayuntamientos.
