El Tribunal Supremo ha “inadmitido” el recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento de Sevilla contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que lo obligaba a repetir el pleno y la votación de las enmiendas al Presupuesto de 2016 por violar los derechos fundamentales de los concejales de Participa Sevilla.
La providencia, fechada el 21 de febrero, considera que “no se justifica que las infracciones realmente imputadas hayan sido relevantes y determinantes de la decisión adoptada en la sentencia” del TSJA, por lo que acuerda la “no admisión a trámite” del recurso de casación interpuesto por el Ayuntamiento, que además ha sido condenado a pagar las costas judiciales, cifradas en mil euros.
Fuentes municipales han asegurado que no realizarán ninguna valoración hasta que no le sea notificada esta providencia.
Este auto declaraba “nulos” los acuerdos plenarios “de aprobación inicial y definitiva del presupuesto general del Ayuntamiento de Sevilla” de 2016. Además, ordenaba “la retroacción del procedimiento, para que se proceda a nueva convocatoria del pleno, para la aprobación inicial del presupuesto a fin de que se admitan a trámite y se sometan a debate las enmiendas formuladas”.
Tras recibir la notificación del Supremo, el edil de Participa Julián Moreno ha asegurado que “teníamos claro que el recurso del Ayuntamiento para no acatar la sentencia del TSJA no iba a prosperar”, con lo que “se consuma el ridículo que el Gobierno de Juan Espadas ha protagonizado al no asumir la vulneración de derechos fundamentales que realizó Carmen Castreño en el pleno para aprobar los presupuestos de 2016”.
“Es la máxima autoridad judicial del Estado quien visibiliza la cabezonería de Espadas y su gobierno para no aceptar esta sentencia”, ha censurado Moreno, quien ha apuntado que “ni los servicios jurídicos municipales encontraron forma de interponer este recurso y tuvieron que recurrir a un informe de un bufete privado”, en referencia al informe externo encargado por el Ayuntamiento, aunque sí han sido los servicios jurídicos municipales los que lo han tramitado.
Tras alertar del coste para las arcas municipales que tendrá “la cerrazón” del Gobierno con estos recursos, puesto que tanto el TSJA como el Supremo han condenado al Ayuntamiento a asumir las costas judiciales, Moreno ha reconocido que en la negociación de los presupuestos de 2017 “han respetado” los derechos de la oposición.
Aún así, siempre han exigido al Gobierno local que ejecuten la sentencia del TSJA.
