La Fiscalía ha anunciado hoy que mantiene la petición de dos años de prisión para los exconcejales sevillanos Antonio Rodrigo Torrijos (IU) y Gonzalo Crespo (PSOE) por un delito de fraude y exenciones fiscales que habrían cometido en la venta en 2006 de suelos de Mercasevilla.

En la decimosexta sesión del juicio, la Fiscalía ha anunciado que eleva a definitivas sus conclusiones provisionales y ha incluido como alternativa la consideración de un delito societario, castigado con la misma pena de dos años, en el caso de que no se considere Mercasevilla como administración pública.

De este delito estarían acusados los dos exconcejales y las otras ocho personas imputadas en la causa, entre ellos el ex director general de la lonja, Fernando Mellet, y Domingo Castaño, exasesor del alcalde de Sevilla Alfredo Sánchez Monteseirín (PSOE).

Para Torrijos y Crespo, además de los dos años de cárcel, la Fiscalía pide ocho años de inhabilitación para empleo o cargo público.

Además, la Fiscalía solicita que se declare la nulidad del concurso de la venta de los suelos y del contrato de opción de compra firmado el 23 de febrero de 2006 entre Mercasevilla y Sanma, del grupo Sando, y los actos que se derivaron de ese acuerdo.

Las otras dos acusaciones personadas en la causa han anunciado una modificación de sus conclusiones provisionales, que en el caso de la Asociación Sindical Empresarial de Mayoristas de Frutas, Verduras y Hortalizas supone la retirada de la acusación respecto a Torrijos, Crespo y el expresidente de Sando, José Luis Sánchez Domínguez.

Los mayoristas, de esta forma, acusan solo a Mellet, Castaño y José Luis Sánchez Manzano, vicepresidente de Sando, para los que pide dos años de prisión por un delito societario, y solicita que el Ayuntamiento y Sanma paguen una indemnización de 25 millones de euros.

El abogado de Mercasevilla, por su parte, ha elevado a definitivas sus conclusiones y ha ampliado la responsabilidad civil subsidiaria de 25 millones a Sando.

Además, la Fiscalía acusa al presidente y al vicepresidente del grupo Sando como cooperadores necesarios del delito de fraude y exenciones fiscales, y les pide dos años de cárcel y la prohibición de contratar con el sector público durante la condena.

Además, en este caso están procesados una funcionaria de Urbanismo María Victoria Bustamante, al exasesor jurídico de Mercasevilla Jorge Piñero, el ex vicepresidente del área inmobiliaria de la misma constructora José Luis Miró Morales y el economista José Antonio Ripollés.

En su acusación, la Fiscalía mantiene que Torrijos, Crespo, Mellet y Castaño expresaron su conformidad a la adjudicación directa de los terrenos a Sando porque la empresa malagueña se había hecho cargo de una reclamación económica de otra empresa.

De esta forma, añade la Fiscalía, se ponía fin a un pleito que mantenía con Mercasevilla y además pagaba un canon mensual de 58.738 euros.

Sin embargo, los suelos adjudicaron mediante un concurso público ante la oposición al sistema de subasta de varios miembros del consejo de administración de Mercasevilla, entre ellos los miembros de Mercasa y el secretario y el interventor municipal, según la Fiscalía.

Finalmente, se hizo un concurso público, pero con un pliego de condiciones elaborado "a la medida de los intereses de Sando", y de hecho se le adjudicó a pesar de que ofertó 106 millones de euros frente a los 158 millones de su principal competidora, Noga, según la Fiscalía.