Agentes de la Policía Nacional han detenido a dos trabajadores de la Comisaría de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, responsables de las labores de vigilancia e inspección del dominio público hidráulico, al sospecharse que consentían irregularidades en las inspecciones para la captación de agua a cambio de dinero. Esta operación ha contado, en todo momento, con la colaboración del Organismo de cuenca.
Las investigaciones se desarrollaron a partir de las informaciones obtenidas, que apuntaban a que diversas personas aprovechaban su condición de trabajadores del Organismo público para recibir dinero a cambio de permitir irregularidades a los propietarios de las fincas o regularizar las infracciones detectadas, tales como la existencia de pozos ilegales y el riego de grandes extensiones no regularizadas.
Esta conducta daría lugar a un delito de cohecho activo para estos trabajadores y pasivo para los particulares que colaboran con ellos, aceptando su solicitud y beneficiándose así de la infidelidad en sus funciones de vigilancia.
Tras diversas gestiones, y verificada algunas de las irregularidades investigadas, la Policía Nacional logró identificar a dos trabajadores de la CHG, que falseaban las actas de inspección y los informes de actuación, afirmando la inexistencia de uso de pozos o de riego. La siguiente diligencia llevada a cabo por los policías permitió identificar a titulares de fincas que habían actuado en connivencia con los anteriores.
Los agentes han podido determinar que el patrón de actuación consistía en la expedición de falsas actas en las que se manifestaba la ausencia de irregularidades tales como que no se regaba o bien que los pozos estaban en desuso o cegados. En otros casos, la falsedad consistía en reducir la superficie en riego, constatando que se encontraba muy por debajo de la real.
Una operación que continúa abierta y de la que no se descartan nuevas detenciones
Esta intervención culminó con la fase operativa el pasado 12 de abril, fecha en la que se realizaron inspecciones simultáneas en 14 fincas y parcelas del Aljarafe y se procedió a la detención de los dos autores por los delitos de cohecho, prevaricación y falsedad documental.
Asimismo, las investigaciones permitieron la identificación de nuevos propietarios que han sido investigados por el delito de cohecho y propuestos para sanción administrativa, toda vez que eran conocedores de lo irregular de este proceder al acceder al pago a los trabajadores y obtener beneficios del indebido uso de recursos hidráulicos. Igualmente se ha propuesto el cegado o sellado de los pozos.
En algunos de estos casos existían verdaderas construcciones hidráulicas completamente ilegales, con gran desaprovechamiento del agua, con lo que se podría estar ocasionando un grave perjuicio al medio ambiente.
En este sentido, es preciso señalar que la mayor parte de las fincas inspeccionadas tienen pozos en la masa de agua Aljarafe, acuífero declarado sobreexplotado por Acuerdo de la Junta de Gobierno de la CHG de 25 de febrero de 1988, quedando prohibidas nuevas captaciones o aquellas sustitutivas de las existentes.
