La Diputación de Sevilla estudiará la viabilidad técnica de convertirse en accionista del grupo Tragsa y sumarse así a las diputaciones de Córdoba, Huelva y Jaén con el objetivo de poder hacerle encargos de trabajos ambientales y de desarrollo rural.

La posibilidad de que las diputaciones pasen a formar parte del accionariado de Tragsa se enmarca en la Ley de Contratos del sector público, que entró en vigor en marzo de 2018, y transpone la normativa europea en contratación pública, y establece que las diputaciones, los consejos y cabildos insulares participen en su capital social para poder hacerle encargos.

El presidente de la Diputación, Fernando Rodríguez Villalobos, ha mantenido una entrevista con el presidente de Tragsa, Jesús Casas, ha informado en un comunicado.

Tragsa forma parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y su accionariado compuesto por 52 accionistas, el mayoritario es la SEPI (51 %), seguido del FEGA (39 %), Dirección General de Patrimonio (10 %) y el resto de las diecisiete comunidades; Ceuta y Melilla; siete cabildos insulares de Canarias; los consejos insulares de Mallorca, Ibiza y Fomentera; la Diputación Foral de Álava, y diecinueve diputaciones, que cuentan con una acción.