El PP ha solicitado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa (Sevilla), que indaga las contrataciones presuntamente sin licitación acometidas por el Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur, en favor de "empresas fantasma" administradas por familiares de miembros de dicha entidad pública, que ordene el ingreso en prisión provisional sin fianza de José Antonio Mañas, secretario del Consorcio e investigado en las actuaciones, ante "el riesgo de manipulación o destrucción de pruebas".
La secretaria general del PP sevillano, Virginia Pérez, ha informado de que la representación del partido en dicha causa judicial ha formulado tal petición, merced a un "oficio emitido por la Policía Nacional alertando de que José Antonio Mañas continúa en el ejercicio de su cargo de secretario interventor del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur y de la Mancomunidad de Municipios Sierra Sur, con el subsiguiente riesgo de reiteración delictiva y de manipulación y/o destrucción de pruebas".
Al respecto, y como medida cautelar, la representación del PP ha pedido al juzgado que decrete "la prisión provisional y sin fianza de José Antonio Mañas o cuales otras medidas cautelares de carácter personal fueses necesarias, con el objetivo de evitar el riesgo cierto de reiteración delictiva y de manipulación y/o destrucción de pruebas".
Mañas, recordémoslo, prestó declaración ante el juzgado el pasado mes de noviembre en calidad de investigado, respondiendo sólo a las preguntas de su defensa en torno a las circunstancias en las que se produjeron el registro policial de la sede del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur y su arresto a manos de la Policía Nacional, pues la representación de Mañas estudiaría solicitar la nulidad de dicha actuación al apreciar supuestas incidencias en la práctica de la misma, según informaban a Europa Press fuentes del caso.
LA DEFENSA DE MAÑAS
El secretario habría manifestado además que las contrataciones para alquiler de camiones del Consorcio con la empresa Magno Medioambiental, conectada con él mismo y con Ibáñez, gerente del Consorcio, jefe de la planta de residuos y también investigado, respondían a los precios de mercado.
En cualquier caso, y mientras también figura como investigado el alcalde de Casariche, Basilio Carrión (PSOE), al haber ostentado entre 2014 y 2019 la Presidencia de este Consorcio, la Policía Nacional considera que mediante una red de "empresas fantasma administradas por familiares" de miembros de la entidad, estas personas consiguieron "un enriquecimiento mediante la autocontratación de servicios destinados al Consorcio y siempre al margen de cualquier licitación pública".
A tal efecto, los representes del PP e IU en el Consorcio han reclamado insistentemente los ceses de Mañas e Ibáñez, admitiendo el alcalde de Pedrera, Antonio Nogales (IU), que al ostentar el secretario interventor rango de habilitado nacional, el presidente del Consorcio, el alcalde socialista de Estepa, Antonio Jesús Muñoz, "no puede cesarle", sino que habría de hacerlo el propio Gobierno central.
"DENEGADA" LA INHABILITACIÓN ADMINISTRATIVA DE MAÑAS
Sobre ello, la presidenta del PP de Sevilla ha indicado que su partido siempre ha sostenido "una y otra vez en el seno del Consorcio de que Mañas no podía seguir moviendo los hilos a su antojo en este organismo mientras estaba investigado", criticando que el alcalde de Estepa tardase "tres meses en tramitar ante el Ministerio de Hacienda" su solicitud de inhabilitación de Mañas, extremo finalmente "denegado" por el Ejecutivo central.
"Pero seguimos insistiendo y en el mes de julio alertamos de que Mañas seguía ejerciendo como secretario con 67 años sin que hubiera solicitado una prórroga de su jubilación, por lo que el Consorcio tenía los mecanismos necesarios para acordar una jubilación forzosa", ha alegado Virginia Pérez, avisando de que "la directiva socialista del Consorcio, con el absoluto apoyo del PSOE provincial, continúa manteniendo a Mañas al frente de este organismo".
Del mismo modo, ha criticado que Mañas e Ibáñez hayan seguido cobrando "más de 100.000 euros anuales" por sus puestos, "dinero de todos los vecinos de la comarca". Según Virginia Pérez, "parece que al PSOE le interesa más mantener a Mañas al frente del Consorcio que ponerse del lado de los vecinos, de la Justicia y de la Policía, porque a pesar de todo, y de que los dirigentes socialistas en todos estos organismos tienen mucho que decir sobre el futuro laboral de Mañas, hasta el momento no han movido ni un dedo por apartar a Mañas de sus funciones".
