Indemnizan a mujer que sufrió el olvido de una gasa quirúrgica

El Gobierno de Aragón indemnizará con 157.000 euros a una paciente que sufrió graves secuelas derivadas del olvido en su cuerpo de una gasa quirúrgica tras una intervención que se le practicó en enero de 2013 en el Hospital San Jorge de Huesca para extirparle el útero y el cuello uterino.

Según informa la Asociación del Defensor del Paciente, que se hizo cargo del caso a través de su representante jurídico, el letrado Ricardo Agoiz, la mujer, que tenía 49 años en ese momento, recibió el alta médica unos días después de la operación a pesar de los fuertes dolores que padecía.

Apenas dos semanas después de la operación, la enfermera que le retiró las grapas quirúrgicas, ante la persistencia del dolor, derivó a la paciente al servicio de urgencias del centro hospitalario oscense, aunque sus responsables, según Agoiz, "no tomaron en consideración lo ocurrido".

Tras dos nuevos desplazamientos al servicio de urgencias del hospital, y ante la continuidad de los dolores, los servicios médicos acordaron la práctica de una ecografía, que se limitó a diagnosticar un "hematoma de pared sin mayor importancia".

Sin embargo, ante la persistencia del dolor, la paciente fue sometida a una ecografía de alta definición que acreditó la presencia de un hematoma encapsulado de gran tamaño, por lo que se decidió realizar una nueva intervención.

Después de tres meses de sufrimiento de intensos dolores, la paciente se sometió a una intervención para retirar de su abdomen la gasa quirúrgica, a la que siguieron otras tres, hasta 2020, para hacer frente a los daños causados.

Según la asociación, tras las cinco operaciones, "la paciente continúa con su calvario diario, con fuertes dolores abdominales que le han llevado a los servicios de urgencias en innumerables ocasiones, precisando tratamiento con opiáceos, una fuerte depresión al ver arruinada su vida y que han provocado la declaración de la Incapacidad Permanente Absoluta (en Francia, su país de residencia y trabajo en aquel momento)".

En respuesta a la reclamación presentada, el Gobierno autonómico cifró la indemnización a pagar en 107.000 euros, que fue rechazada por los servicios jurídicos del Defensor del Paciente al entender que esta cantidad "no estaba en concordancia con las secuelas".

Tras la demanda interpuesta en el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, las partes alcanzaron el pasado mes de noviembre un acuerdo extrajudicial para el pago de 157.000 euros a la demandante.