El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes la expropiación a la entidad financiera Banesto de una vivienda de 55 metros cuadrados en proceso de desahucio en la localidad malagueña de Torremolinos en la que reside un matrimonio  -en paro y que no perciben ninguna prestación- junto a sus cuatro hijos menores, con edades comprendidas entre los siete y los 16 años.

   Se trata de la segunda expropiación que culmina el Gobierno andaluz tras la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda, aprobada por el Parlamento andaluz a finales de septiembre, después de la de la vivienda de María del Carmen Andújar y su familia, residentes en Huelva.

   En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha informado de que los dos miembros del matrimonio que se benefician de la expropiación, Omar Abattouy y Umkiltoun Sarroukh, de 43 y 33 años respectivamente, y con cuatro hijos a su cargo, se encuentran  desempleados y actualmente no perciben ninguna prestación, de forma que sus únicos ingresos derivan de la ayuda de amigos y familiares y de la venta ambulante esporádica.

   Ha agregado que Omar llegó a España en 1994 y pasó dos décadas trabajando en la construcción y con el 'pinchazo' de la burbuja inmobiliaria él y su familia han quedado en situación de "extrema vulnerabilidad".

   En concreto, el Gobierno andaluz ha declarado la utilidad pública de la expropiación del uso de esta vivienda durante un máximo de tres años, lo que permite dar cobertura a esta familia mediante la expropiación de la vivienda que le había sido embargada por Banesto.

   Como requisito previo, la Consejería ha acreditado que esta familia se encuentra en riesgo de exclusión social, y que el desahucio amenazaría gravemente su integridad e incluso su salud. Esta familia también cumple todos los requisitos socioeconómicos establecidos por la Ley de Función Social de la Vivienda, y que a grandes rasgos implican que los ingresos mensuales son inferiores a 540 euros y que la economía familiar ha sufrido un notable menoscabo desde la firma de la hipoteca.

   La entidad financiera tiene 15 días para pronunciarse sobre el mutuo acuerdo. Si no acepta, la Consejería de Fomento actuará en defensa del derecho a la vivienda de esta familia y hará efectivos los trámites para ejercer la ocupación de la vivienda. En este sentido, el departamento que dirige Elena Cortés ha remitido al juzgado una notificación informando de este acuerdo, con el objetivo de que el desahucio no se ejecutara bajo ningún concepto.

   El justiprecio establecido por los peritos es de 2.166 euros por año durante tres años, el dos por ciento del precio del remate por el que la entidad se adjudicó la vivienda, 108.348 euros.

   Elena Cortés, que ha iniciado su intervención expresando su pesar por la muerte de Nelson Mandela, uno de los "míticos insurgentes del siglo XX", ha querido dejar claro que con esta medida "se hace justicia social, no es caridad" y ha manifestado que no se ha sentido molesta ni se ha dado por aludida con las declaraciones de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, afirmando que no quería titulares "a costa de los más débiles".

   Ha manifestado que la Junta no va a parar porque tiene un objetivo "innegociable contra los desahucios" y a la hora de defender el derecho de las familias a una vivienda digna.

   Ha explicado que en estos momentos hay 33 expedientes más publicados en BOJA, que tiene que llegar a Consejo de Gobierno, y más de un centenar de expedientes en fase de estudio. Según Cortés, esas cifras son "personas, con nombre y apellidos, con sueños y esperanzas" y que han sido castigadas por la escasez a la que les ha llevado una "estafa hipotecaria". Ha puesto en valor que esas personas han depositado su confianza en la función social de la política.

   Asimismo, la consejera ha vuelto a reiterar su petición de una convocatoria de la comisión bilateral Gobierno-Junta para dirimir las cuestiones que el Ejecutivo nacional tenga que plantear en relación con la norma. Ha querido dejar claro que la Junta va a defender esa norma con la Constitución y con el poder democrático en la mano.

LA NORMA SE DESPLIEGA CON EFECTIVIDAD

   Ha garantizado que la norma se está desplegando en el territorio con toda "efectividad y diligencia", apuntando que no solo es un referente en la protección de las clases trabajadoras ante una posible pérdida de sus viviendas, sino a la hora de incentivar el arrendamiento de viviendas vacías.

   Así, junto con la expropiación temporal del uso, la ley dispone también un amplio conjunto de medidas para hacer aflorar en arrendamiento el parque residencial desocupado en la comunidad autónoma, que supera las 700.000 viviendas. Para ello recoge, entre otras iniciativas, un sistema de ayudas, medidas fiscales y seguros contra impagos y desperfectos a las personas físicas propietarias de inmuebles vacíos; unas garantías de protección a inquilinos en condiciones socioeconómicas desfavorables, y un régimen sancionador para bancos, sociedades inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que mantienen ociosas sus viviendas.

   La sanción a las personas jurídicas por este motivo puede llegar hasta los 9.000 euros, mientras que las entidades financieras que no dan uso social a sus inmuebles protegidos se exponen a multas de 120.000 euros, según ha recordado la consejera, quien ha lamentado que, hasta la fecha, ninguna entidad haya firmado el convenio de colaboración que la Junta les planteó para el desarrollo del programa andaluz en defensa de la vivienda y permitiera acudir tempranamente a aquella familias que pudieran estar en un momento previo a dejar de pagar la hipoteca o deban alguna mensualidad.