Las acusaciones personadas en el juicio que se sigue en la Audiencia de Teruel contra Pedro Lozano Giménez, conocido como Rambo de Requena, han concluido este miércoles, en la segunda y última sesión de la vista, que el acusado trató de matar a los dos guardias civiles que le persiguieron en la fase final de su fuga por las sierras turolenses en junio de 2020.
Ninguna de estas acusaciones -fiscal, acusación particular en nombre de los dos agentes, y popular en representación de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC)- han cuestionado la "intención de matar" del procesado, aunque han diferido a la hora de tipificar los hechos como tentativa de homicidio o de asesinato.
Los acusadores han fundamentado sus respectivas peticiones en los testimonios hechos en la sesión de este martes por los dos agentes, que aseguraron que el procesado, al quedar acorralado en un callejón de la localidad de Muniesa, disparó su escopeta con la intención de matarles, y en las declaraciones hechas este miércoles por los peritos judiciales.
Los médicos forenses que realizaron un seguimiento al agente que quedó gravemente herido de un disparo con postas en un antebrazo han explicado que aunque la herida "no era mortal de necesidad", sí lo hubiera sido en caso de impactar en su cabeza o en su pecho, donde la víctima explicó que le había apuntado el procesado antes de protegerse con los brazos.
Los peritos de la Guardia Civil que realizaron el informe balístico han resaltado a su vez que los disparos efectuados por el acusado con su escopeta, a la que había recortado los cañones, no fueron hechos de forma accidental, ya que tuvo que desactivar previamente el seguro.
Tras la intervención de los peritos, la representante fiscal ha mantenido su petición de 29 años de prisión por dos delitos de tentativa de homicidio, así como por los de tenencia ilícita de armas, robos en casas habitadas, hurto de vehículos, conducción temeraria y coacciones, y ha elevado a 180.949 euros la petición de indemnización del agente herido.
El letrado de la acusación particular, Jorge Piedrafita, ha calificado los hechos como tentativa de asesinato al entender que existió alevosía en la conducta del procesado, para el que ha solicitado 61 años de prisión por estos delitos más los planteados por la Fiscalía y dos más por atentado, así como 600.000 euros de indemnización a la víctima.
A su vez, el representante de la AUGC ha modificado sus conclusiones iniciales, iguales a las de la Fiscalía, para considerar que el disparo efectuado a la víctima no constituyó un delito de intento de homicidio sino de asesinato, por lo que ha elevado su petición inicial de 29 años a un total de 33.
Por su parte, el letrado de la defensa ha descartado que su cliente tuviera intención de matar a los agentes ya que no impactó en ninguna zona vital y que solo trató de evitar la detención y continuar con su fuga.
Al hilo de su argumentación ha solicitado para el procesado penas de 2 años de prisión por un delito de lesiones graves, de 6 meses por tenencia ilícita de armas, de 1 año por allanamiento continuado de moradas y multa de 12 meses a razón de 6 euros al día por hurto continuado de vehículos, sin cuestionar la indemnización civil a fijar finalmente por el tribunal.
El acusado, cuya causa en Teruel ha quedado vista para sentencia, comenzó su actividad criminal a finales de febrero de 2020 en las sierras de Requena (Valencia), donde su facilidad para escapar le valió el apodo con el que fue conocido.
El acoso de sus perseguidores le llevó a huir desde Valencia, donde tiene pendientes diversas causas por robos y allanamientos, hacia las provincias de Castellón y de Teruel, donde fue finalmente detenido en junio de ese año tras la persecución de la que fue objeto.
