El auto del juez del Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla José Ignacio Vilaplana en el que procesa a los ex consejeros de Empleo del PSOE Antonio Fernández y Manuel Recio por ayudas “arbitrarias de 33 millones” concedidas al fallecido Ángel Ojeda para formar a los ex trabajadores de Delphi, sostiene que parte de ese dinero acabó en cuentas de bancos de Luxemburgo.
Según publicó ayer El Mundo, el empresario jerezano, que también fue consejero socialista entre 1987 y 1990, abrió en 2011 una serie de productos finaniceros en la entidad EFG Bank de Luxemburgo SA, de la que era beneficiario él mismo, con “los beneficios procedentes de la defraudación de las subvenciones millonarias”.
En total, lo hizo a través de siete sociedades, “cada una de ellas titular de una cuenta corriente de otra cuenta de valores”, detalla el auto. Un año después, Ojeda usó las participaciones del fondo de inversión para pedir un crédito de 3,8 millones de euros y, en julio de 2014, antes de ser detenido por la Policía Nacional en Sanlúcar, a cuenta del fraude de los cursos, las sociedades de este entramado solicitaron el reembolso para “un supuesto proceso de expansión, nacional e internacional” de una de las empresas del ex consejero, explica el juez.
Vilaplana analiza, asimismo, la situación generada en la Bahía de Cádiz con motivo del cierre de Delphi, señalando que la Junta se comprometió a atender de forma específica a los afectados y conseguir su recolocación por medio del Dispositivo de tratamiento singular.
En el verano de 2009, antes de que comenzara la segunda fase del dispositivo, el entonces consejero de Empleo Antonio Fernández habría convocado a una reunión informal a Ojeda, “notoriamente conocido por ser beneficiario en la concesión de subvenciones autonómicas”, para ofrecerle “la gestión de una ingente cantidad de subvenciones a través de empresas y entidades que serían directa e indirectamente controladas por el propio Ojeda”. Según agrega el auto, “el entramado habría de conformarse en torno a la simulación de contrataciones con empleados de Delphi, incluyendo así salarios, cotizaciones y otros gastos que pagaría de modo indirecto la propia Junta a través de dichas empresas y entidades”.
Finalmente, las subvenciones fueron otorgadas el 10 de agosto de 2009, el 26 de febrero de 2010 y el 3 de diciembre de ese mismo año a cada una de las cinco asociaciones que habría ofrecido el jerezano por importe de 33,3 millones. Dos fueron concedidas “al margen de los procedimientos y principios legalmente aplicables” por parte de Antonio Fernández y, el resto, “sin estudios ni análisis previos y sin comprobar la legalidad”, por parte de Manuel Recio. La formación no solo no cumplió su objetivo, sino que incluyó excursiones al zoo o el visionado de películas de Marvel.
