Además, según explicaron el consejero de Educación, Francisco José Álvarez de la Chica, el fiscal superior, Jesús María García Calderón, y la fiscal de Sala coordinadora de Menores de la Fiscalía General del Estado, Consuelo Madrigal Martínez-Pereda -quienes estuvieron reunidos durante toda la mañana de ayer con el defensor del Pueblo, José Chamizo, y los fiscales provinciales de Menores, entre otros- se ha acordado el establecimiento de “un protocolo marco de colaboración” para que ambas instituciones puedan “intercambiar información reglada” de la forma más rápida y ágil posible.
De hecho, según Álvarez de la Chica, se establecerán “fichas de información conjunta” que permitan, de un lado, fluidez en el intercambio de datos entre Educación y Fiscalía; y de otro, la “actuación frente a estas conductas punibles éstas puedan ser tipificadas” como delito, por ejemplo, en el caso de las agresiones al profesorado. En definitiva, se trata de un “relevante avance en los cauces de coordinación” iniciados entre ambas instituciones el pasado mes de abril y que busca que “el sistema educativo no sea ajeno” a situaciones como las infracciones de tráfico de los jóvenes o los fraudes en los procesos de escolarización, añadió el consejero.
En esta línea, García Calderón apuntó que uno de los temas que más preocupa “constantemente” a la Fiscalía es, además de la violencia en las aulas, la delincuencia juvenil en materia de seguridad vial. De hecho, el 35 por ciento de los delitos cuyos protagonistas son menores están relacionados con el tráfico, razón por la que se están estudiando fórmulas “para que estas actuaciones puedan tener un futuro cumplimiento de pena en el ámbito escolar”. Pese a no concretar más sobre este asunto, el fiscal superior advirtió de que, hasta el momento, “esto es sólo una hipótesis de trabajo”. No obstante, no pudo evitar señalar que al Ministerio Fiscal “le gustaría que, a través de programas educativos, se pudieran cumplir sanciones de este tipo” porque, en su opinión, “puede ser muy beneficioso”.
