La economía sevillana y andaluza, si por algo se caracterizan, es por su elevada, vergonzosa e inadmisible tasa de desempleo. Más de un tercio de los sevillanos y andaluces que desean trabajar no pueden hacerlo. Aunque asumamos que al menos una cuarta parte de éstos tienen alguna actividad no declarada por la que ingresan algo de dinero, las cifras son tercermundistas, sin posibilidad de comparación con el resto de Europa, salvo Grecia, lo que lejanamente representa un consuelo.
La cuestión es que aunque en España el desempleo sea un problema de magnitud extrema, en la mayoría de los países de nuestro entorno no lo es. Lo que para nosotros ya casi representa una normalidad, no lo es en el resto del continente. Somos, por así decirlo, una anomalía, una gran excepción. Y como tal debemos indagar en las causas que generan que seamos tan diferentes.
Muy a pesar de los políticos, empresarios y sindicatos, las razones están muy identificadas. Los ciudadanos se devanan los sesos en charlas de bares y cafés preguntándose qué se debería hacer para eliminar el problema del paro, y sin embargo, esta pregunta hace lustros que tiene respuesta. El problema es que ni los economistas sabemos cómo trasmitirla, ni los oídos de los ciudadanos-políticos-empresarios-sindicalistas están preparados para recibirla.
La razón principal para este elevado desempleo es la estructura institucional de nuestro mercado de trabajo. Para que nos hagamos una idea, el mercado de trabajo español es aún heredero de aquél que se diseñara por los diferentes gobiernos tardo-franquistas para mantener a raya a los trabajadores. A cambio de salarios moderados y de paz social, el franquismo ofertó seguridad laboral a través de elevados costes de despido. No fue hasta el año 1984 cuando se hizo una verdadera reforma que rompió con el modelo franquista, aunque para mal: se creó el contrato temporal. Su necesidad era obvia, pero no con los mimbres con los que se tejió. En la actualidad en España, Andalucía y Sevilla la temporalidad supera el 25% de los asalariados, también muy por encima de la media europea. Dirán que esto es por la alta temporalidad de los empleos de nuestra economía. Yo les diré que no.
La razón principal es el elevado coste de despido para los contratos fijos y el bajísimo, nulo, coste de despido de los temporales. Para estos últimos lo único que deben hacer es dejar “morir” el contrato. No es de extrañar que los empresarios traten de minimizar costes contratando temporales. Pero es que además estos contratos temporales implican empleos precarios que mueren rápidamente en cuanto vienen mal dadas.
Pero no son estas todas las consecuencias negativas de la alta diferencia en los costes de despido entre temporales y fijos. Existe, al menos, un problema más. Los costes de despidos altos para los empleos indefinidos es un impuesto para las actividades de alto contenido tecnológico. Dicho de otra manera, las instituciones laborales españolas incentivan los empleos precarios y de bajo contenido tecnológico. Si un empresario quiere dedicarse a actividades dónde la cualificación del empleo es fundamental y el uso de la tecnología indispensable, exigirá a sus trabajadores que permanezcan en la empresa si se ha realizado una fuerte inversión en su puesto de trabajo, tanto en el propio capital adquirido como en la formación del trabajador. Por lo tanto, este tipo de actividades solo serán rentables si la relación laboral es estable y duradera, exigiéndose por ello contratos indefinidos. Pero son más “caros” que los temporales, por lo que penalizamos su creación. Esto explicaría la baja calidad de los empleo, la especialización en parte de nuestras economías en actividades de poco valor añadido, y los bajos salarios relativos de los trabajadores con cualificación.
Una solución óptima sería la creación de un contrato único. Con costes de despido creciente, mayor si el despido es improcedente y con apenas dos o tres tipos de contratos temporales muy concretos y específicos. Problema de nuevo, más bien creo que por ignorancia que por voluntad política, no parece que la idea vaya a calar entre quienes deben legislar para nuestro bienestar.