La ex secretaria general del Patronato de la Alhambra, Victoria Chamorro, ha señalado ante el tribunal que enjuicia el supuesto fraude en el control de accesos al monumento que "no conocía" el sistema de compensación para la gestión de entradas de grupo y que tampoco lo habría autorizado porque, debajo de esta fórmula "aparentemente inocente", se podían ocultar "muchas" actuaciones "prohibidas en la normativa".
Entre ellas, ha citado como ejemplo que no todos los grupos de turistas entraran dentro de la franja horaria establecida o que se revendieran entradas a distintos grupos que accedía al monumento por separado.
Así lo ha expuesto Chamorro durante un extensa declaración como testigo en el juicio del llamado 'caso 'Alhambra', que sienta en el banquillo a 49 acusados entre guías turísticos, responsables de agencias de viajes y trabajadores del monumento.
Chamorro ha refrendado las declaraciones del pasado lunes de la exdirectora de la Alhambra, María del Mar Villafranca, respecto a que el patronato que gestiona el monumento desconocía que trabajadores y guías turísticos aplicaran un sistema para compensar las entradas colectivas cuando faltaban turistas.
Esta afirmación contradice lo dicho por la mayoría de los acusados en la causa, que han apuntado a este sistema de compensación para justificar los posibles desfases entre el número de visitantes que fijaban las entradas y los que accedían al recinto.
Chamorro ha precisado a preguntas de la Fiscalía que esta fórmula de "te debo, me debes" que se practicaba en los accesos no estaba expresamente prohibido porque se "desconocía", pero sí estaban recogidos otros asuntos, como la imposibilidad de desviar entradas individuales para grupos de turistas o incumplir los horarios.
De hecho, ha negado que se pudiera aplicar un "margen de cortesía", como han alegado algunos trabajadores del monumento, y ha explicado que, salvo alguna referencia verbal, las órdenes se transmitían siempre por escrito a través de circulares o notas internas.
En la misma línea, ha señalado que los oficiales de primera del monumento no estaban autorizados para tener el sello oficial creado para validar entradas que el Patronato de la Alhambra creó para aplicar "en casos muy concretos" o de fuerza mayor y que debía estar en las oficinas.
CÍRCULO REDUCIDO DE TRABAJADORES
Ha agregado que cuando la Alhambra llevó las posibles irregularidades en los accesos al monumento a la Policía Autonómica, su denuncia se circunscribía a un "círculo reducido de trabajadores" que afectaba a casi un turno completo, aunque conforme avanzó la investigación se fue imputando a más personas.
Las sospechas del Patronato surgieron a raíz de que la directora de la Alhambra en aquel momento, María del Mar Villafranca, detectara una bajada de visitantes pese a que la sensación de aglomeraciones en el recinto era "mayor que nunca".
Concretamente, en 2004 las estadísticas de ventas habían caído un seis por ciento, por lo que se comenzaron a realizar conteos, fotografías y otros análisis empíricos que, entre otras cuestiones, arrojaron que los aforos en la mañana se habían superado.
Inicialmente pensaron que esto se debía a que los turistas preferían entrar por la mañana, pero acabaron por sospechar que estaban entrando al recinto más personas de las que señalaban las estadísticas de ventas.
Chamorro también recibió quejas de trato de "discriminación" en las entradas de unos grupos frente a otros, que se sumaron a otras circunstancias, como la desaparición de 50.000 billetes del almacén.
Los 49 acusados en esta causa se enfrentan a penas de entre cuatro y nueve años de cárcel por delitos de apropiación indebida, estafa, falsedad en documento mercantil, daños al patrimonio histórico-artístico y cohecho. No obstante, cuatro de ellos ya han ratificado un acuerdo de conformidad ante el tribunal que rebaja su pena a entre tres y nueve meses de cárcel.
La ronda de testigos en esta causa --más de un centenar-- está previsto que se prolongue hasta el próximo 15 de noviembre y el final de la vista oral se ha fijado para el 22 de diciembre.
Según consta en el escrito de acusación del Ministerio Público, la presunta trama delictiva estaba encabezada por cinco miembros de una misa familia, dos de ellos guías turísticos, otro director comercial del Hotel Carmen y el resto de las agencias de viajes Washingtong Irving Travel S.L. y Daraxatour S.L..
Estas personas, "con la finalidad de conseguir un provecho patrimonial ilícito, idearon y ejecutaron durante los años 2002 a 2005 un plan" para ingresar lo que sus clientes pagaban para obtener una entrada a la Alhambra, monumento al que accedían pese a este sistema ilícito.
Estos acusados aprovecharon supuestamente las relaciones de amistad y profesionales que les unían con otro de los procesados, un guía turístico que durante 40 años prácticamente monopolizó la visita del turismo japonés a Granada gracias a su conocimiento del idioma y a contactos con agencias que gestionaban grupos de esta nacionalidad.
