El Colegio de Abogados de Málaga seguirá adelante con el recurso contencioso-administrativo presentado contra la orden ministerial "en la que se aprueba el modelo y regulación de tasas judiciales y que imposibilita el fraccionamiento de la misma", según ha dicho el decano de esta institución, Francisco Javier Lara, al considerar que no hay justificación para que no se pueda fraccionar esos pagos.
Ante la modificación de la Ley de Tasas, el decano ha asegurado que, "aunque consideramos todo un logro que en tan poco tiempo se haya modificado una ley, algo que no había pasado nunca en España, creemos que siguen siendo unas cuantías elevadas". "El fijo en la apelación de 800 euros ya está haciendo que muchos ciudadanos no recurran porque no lo pueden pagar, ni fraccionar", ha lamentado.
Así, Lara ha incidido en que es "un logro de la Abogacía el conseguir que en tres meses se modifique" dicha legislación, aunque ha insistido en que "no tiene ninguna justificación que no se pueda fraccionar ese impuesto", por lo que ha expresado su decisión de "seguir con el recurso", que fue presentado ante la Audiencia Nacional a principios del pasado mes de febrero.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó el pasado día 22 de febrero la resolución por la que se emplazaba a los interesados en dicho recurso contra la orden de 12 de diciembre, por la que se aprobó el modelo de autoliquidación y de solicitud de devolución, y se determinó el lugar, forma, plazos y procedimientos de presentación.
TRABAJO CON LA FISCALÍA
El decano del Colegio de Abogados malagueño ha destacado, entre el trabajo que se está haciendo desde la nueva junta de gobierno de la institución colegial, los contactos que se mantienen con la Fiscalía de Málaga con el fin de "mejorar la situación que se da en algunos partidos judiciales" y también para potenciar las conformidades entre la acusación pública y defensas.
Así, Lara ha indicado que se está trabajando en un nuevo protocolo para los acuerdos de conformidad, ya que el que había "no funciona" y ha señalado que "si no funcionaba era porque no recogía las necesidades de todas las partes", por lo que "ahora estamos hablando de que en el propio escrito del fiscal se pueda incluir y el juez pueda hacer de oficio esa conveniencia de llegar a una conformidad".
Para esto, ha señalado, "se citaría previamente en el juzgado a las partes para tratar de ese acuerdo, en un día distinto al juicio". Con esto se pretende ahorrar costes y tiempo de los testigos y peritos que en ocasiones son citados a la vista oral, pero finalmente no llegan a declarar porque se ha llegado a un acuerdo; pero también se persigue agilizar los procedimientos.
