El grupo socialista de la Diputación de Granada reclamará durante el pleno de este jueves el consenso y la unión de todas las fuerzas políticas con representación en la corporación para frenar los despidos en Santa Bárbara.
La empresa multinacional norteamericana General Dynamics-Santa Bárbara presentó el pasado 14 de febrero un Expediente de Regulación de Empleo que afecta a 693 trabajadores de cinco centros de trabajo, entre ellos, a 46 empleados de la fábrica ubicada en El Fargue de Granada, señalan desde el PSOE.
Los socialistas, según apuntan en un comunicado, pedirán el consenso del pleno para exigir al Ministerio de Defensa que, como propietario de las instalaciones y principal cliente de la multinacional, convoque a la empresa y a los sindicatos a una mesa de diálogo para posibilitar el mantenimiento de la actividad en los centros de trabajo.
También instarán a que Defensa exija a General Dynamics el cumplimiento de los compromisos de inversión, aportación de carga de trabajo y desarrollo tecnológico acordados con el Gobierno de España en el momento de la adquisición de las acciones.
Por otra parte, el grupo socialista de la Diputación defenderá en el pleno de la institución provincial dos mociones en las que se reclama la creación de un fondo incondicionado de liquidez municipal y la retirada del anteproyecto de ley de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce).
En lo que respecta a la primera iniciativa, los socialistas instarán a la presidencia de la Diputación a promover, con la participación de los ayuntamientos y de las entidades locales, "un nuevo marco regulador que permita la creación de un fondo, o la adopción de medidas que con fuerza reglamentaria posibiliten la generación de liquidez incondicionada a favor de los ayuntamientos granadinos, con cargo a parte de los recursos de la Diputación asignados directa y condicionadamente a los mismos, y sin que dicho acuerdo suponga incrementos de créditos en el presupuesto ordinario de 2014 y siguientes".
Desde el PSOE advierten de la especial gravedad por la que atraviesan las finanzas municipales y las dificultades para atender los más elementales servicios públicos de su competencia. Los ayuntamientos, al ser las administraciones más cercanas a los ciudadanos, se ven obligados a prestar determinados servicios con la inmediatez que exige en ocasiones la urgencia de la necesidad social, indican en la iniciativa.
Por ello, el grupo socialista considera que "el gobierno de la Diputación debe mantener y seguir mejorando el sistema de anticipos a los municipios, pero también explorar nuevos caminos, esta vez en el ámbito de su competencia y dentro de las posibilidades que permitan los recursos provinciales".
Por último, el grupo del PSOE defenderá en el pleno la retirada del anteproyecto sobre la nueva ley educativa y reclamará la apertura de un proceso de diálogo para el análisis de las necesidades y los objetivos, mediante un documento abierto de trabajo de objetivos y diagnóstico. En el centro de este debate, sostienen los socialistas, ha de estar la comunidad educativa, el Consejo Escolar del Estado, los consejos escolares autonómicos, expertos educativos, las comisiones de Educación en el Congreso y en el Senado, los parlamentos autonómicos, la FEMP y la Conferencia Sectorial de Educación.
Desde el PSOE, critican el carácter "extremadamente regresivo y conservador" de la nueva reforma y consideran que supone "un menoscabo hacia la escuela pública y una profunda desconfianza sobre el papel indispensable y positivo que ésta ha jugado en el desarrollo de los últimos treinta años en España".
A su juicio, la nueva legislación educativa "abre un camino tan injusto como ineficaz", al asumir que segregando pronto a los jóvenes se reduce el fracaso escolar. "Las medidas propuestas van claramente encaminadas a excluir cuanto antes del sistema escolar precisamente a quienes más necesitan de la escuela, y a formar a los niños y a los jóvenes expresamente con criterios competitivos", señalan en la moción.
Un anteproyecto de ley que, a juicio del PSOE, busca degradar las lenguas cooficiales, al tiempo que promueve un proceso de recentralización que obvia la contribución de las autonomías a la mejora de la educación en España. Además, consideran que no se entiende qué razones, fuera de las puramente ideológicas, avalan el fortalecimiento de la enseñanza de la religión católica y permiten eliminar la formación cívica de la Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos.
