La secretaria general del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista de la Diputación, Irene García, ha denunciado el “atropello” que el Gobierno del PP quiere cometer con el colectivo de los emigrantes retornados, a los que pretende castigar de manera “injusta y caprichosa”. En este sentido, ha manifestado que el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley exigiendo al Ejecutivo de Mariano Rajoy que “reconsidere su decisión de sancionar a aquellos trabajadores españoles que, una vez retornaron a España y han percibido una pequeña pensión en los países en los que cotizaron, no han declarado a Hacienda esos ingresos como consecuencia de instrucciones erróneas de la propia Agencia Tributaria”.
Irene García ha mantenido un encuentro de trabajo con la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados, Eva María Foncubierta, en la que se han abordado las posibles líneas de colaboración entre el PSOE de Cádiz y este colectivo en la provincia, especialmente con vistas a que esta decisión del Gobierno no se traduzca en un perjuicio para las economías de estas personas y de sus familias. En el encuentro, desarrollado en Chiclana, han participado también el portavoz del Grupo Municipal Socialista, José María Román, y el presidente de la Asociación local, Fernando Herruzo. Se da la circustancia de que Cádiz es la provincia andaluza con mayor número de emigrantes retornados.
“Además de injusto es manifiestamente antisocial que se quiera hacer cargar a estas personas con la responsabilidad y con el coste econonómico derivado de un error de la propia Administración”, ha señalado Irene García, quien ha adelantado que “estos antiguos trabajadores y sus familias no son defraudadores ni quieren enriquecerse incumpliendo las obligaciones que legalmente puedan corresponderles. Lo único que piden es que se atienda a su especial situación y que no recaigan sobre ellos las consecuencias de un error o de una omisión que en todo caso es responsabilidad de la propia Administración”.
Así, ha explicado que “estos pensionistas en ningún caso se niegan a pagar aquellas cantidades que deban afrontar. Pero sí rechazan cualquier recargo de demora por la simple razón de que no son en absoluto responsables de este desaguisado, ya que contaban con indicaciones expresas de la Agencia Tributaria de que no existía obligación de declarar esos ingresos”.
Las estimaciones apuntan a que las comunicaciones de recargos y multas ya han llegado en Andalucía a unos 10.000 emigrantes retornados, “personas que han dedicado toda su vida a trabajar y que ya están recibiendo notificaciones de sanciones por parte de la Agencia Tributaria por percibir una pequeña pensión de otros países a los que se vieron obligados a emigrar, que en algunos casos apenas suman unos euros mensuales, y que tradicionalmente se les ha comunicado que estaba exenta de tributación”.
La proposición no de ley presentada por el Grupo Parlamentario Socialista demanda “una solución justa” para estos pensionistas ante el “atropello” que se quiere cometer contra ellos. Además, se han planteado sendas preguntas parlamentarias dirigidas al ministro de Hacienda y a la ministra de Empleo, para que expliquen “qué fórmula va a articularse para solucionar esta situación”. La iniciativa del PSOE reclama al Ministerio de Hacienda que informe adecuadamente a los afectados, que colabore con las asociaciones de emigrantes retornados y que se reúna con ellos. Igualmente demanda que no se abran más expedientes sancionadores y que se cierren los ya abiertos. Desde el punto de vista del pago de estas cantidades, se solicita que el ICO abra una línea de crédito sin intereses para facilitar que los afectados se pongan paulatinamente al corriente, sin que deban asumir intereses de demora ni sanciones.
La secretaria general y portavoz en Diputación se ha comprometido con la presidenta de la Federación Española de Asociaciones de Emigrantes Retornados a materializar en hechos e iniciativas concretas esta colaboración en la provincia, de forma que los miembros de este colectivo “no se sientan desamparados ante una actuación incomprensible por parte del Gobierno de la Nación, que lejos de buscar una solución ha creado un problema para muchos pensionistas y para sus familias”.
Finalmente, Irene García se ha referido al “castigo” que el Gobierno del PP parece haber puesto en marcha sobre el colectivo de ex trabajadores y de mayores en general, ya que “las multas, sanciones y recargos que se quiere aplicar a estas personas se suman al anunciado recorte de las pensiones que entrará en vigor de manera inmediata y que provocará que más de 190.000 gaditanos y gaditanas pierdan el 20% su poder adquisitivo en los próximos 10 años, y a la amenaza de ‘repago’ sanitario incluso en tratamientos farmacéuticos hospitalarios, a lo que hay que sumar el ‘recetazo’ ya en vigor desde el año pasado. Porque, por encima de palabras que se lleva el viento, hechos como estos son la manifestación evidente del nulo compromiso del PP con nuestros mayores”.
