Al menos 300 alegaciones han presentado los vecinos de Los Puentes al mapa de riesgo de inundaciones elaborado por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG). Las alegaciones, que podrían aumentar hasta el final del plazo de tres meses que se cumple a finales de febrero, tienen el denominador común de que las viviendas de los afectados están dentro del dominio público hidráulico al no haberse acometido el preceptivo deslinde.
El grueso principal de las alegaciones al mapa de riesgo de inundaciones, en torno a 260, proceden de otros tantos propietarios de viviendas. Pero también han alegado tres asociaciones vecinales, las de Puente Nuevo, Pago de Juan Ramos y Realejo y una veintena de comunidades de esas asociaciones.
Además, la Unidad de Gestión Vecinal de Los Puentes ultima otra alegación muchos más exhaustiva que recogerá las aspiraciones vecinales.
“Al no haberse realizado el deslinde la mayoría de viviendas que han alegado se encuentran dentro del dominio público hidráulico y, por tanto, no pueden ser regularizadas”, indicó Alberto Castro, nuevo presidente de la Unión de Gestión de Vecinal de Los Puentes.
Hay que recordar que el mapa de riesgo de la CHG identificaba siete zonas con riesgo de inundación sobre una superficie de 44 kilómetros en el entorno de los ríos Quiebrajano, Guadalbullón y Eliche, en los términos de Jaén, Los Villares y La Guardia. Los técnicos de la Confederación Hidrográfica señalaron que el estudio afecta a unas 1.000 viviendas, que cuentan con un periodo de retorno inferior a 100 años (en anteriores estudios se hablaba de 500 años) y que, por tanto, podrían ser objeto de regularización. Pero admitieron que no podrán legalizarse las que invadan el dominio público hidráulico.
El deslinde realizado en 2011 por la Junta cifró en 50 viviendas las que deberían ser demolidas por invadir el dominio público hidráulico.
Regularización en pleno periodo electoral
Ya lo dijo el alcalde de Jaén, José Enrique Fernández de Moya: “El Ayuntamiento tendrá la última palabra para decidir el proceso de regularización vivienda por vivienda”. Pues bien, una vez que, a finales de febrero, finalice el plazo de tres meses que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dio para alegar al mapa de riesgo de inundaciones, será el turno para los políticos locales que, en pleno periodo electoral (primero de las Andaluzas y después de las Municipales), tendrán que acometer la regularización de las viviendas incluidas dentro del dominio público hidráulico, una patata caliente sin duda. Y mientras la Junta recordó que lo que se necesita para regularizar las viviendas fuera de ordenación es unplan de gestión de riesgo con medidas concretas para ello.
