Los ex empleados de la compañía tenían marcada en rojo la fecha de ayer puesto que estaba prevista la subasta de los terrenos de la compañía, que tenían un precio de salida de 4.125.610 euros para los 30.000 metros cuadrados disponibles.
Sin embargo la venta no se pudo llevar a cabo por una doble causa, no se presentaron pujadores y el procedimiento judicial tuvo que suspenderse al no comunicarse convenientemente a la empresa poseedora de los terrenos su salida a subasta.
Como se comprenderá, este nuevo retraso, cuya cuantificación temporal no puede todavía realizarse, se convirtió en un inesperado soplo que apagó llama de la esperanza de los ex trabajadores por recibir sus indemnizaciones.
Este colectivo tiene estimado que la media de los débitos que la empresa mantiene con ellos asciende a “unos 80.000 euros”. Una cantidad más que considerable, teniendo sobre todo en cuenta que muchos de los trabajadores superan la cincuentena y su reciclaje e incorporación al mercado laboral es más que complicada.
De hecho, el portavoz del colectivo, Salvador Egeda, reconocía que “vemos el sufrimiento de algunos compañeros y hay algunos casos graves. Estamos desesperados y nos encontramos sin apoyo político ya que la Junta de Andalucía no se ha preocupado de los trabajadores de Metalsa”
Según Egeda, “la plantilla tiene la moral por el suelo. Llevamos tres años en la calle sin ver un duro. Además hoy no se han presentado compradores por lo que parece que encima nos está afectando la situación económica. Nos hemos quedado boquiabiertos. Menos mal que se ha suspendido la subas por defectos de forma”.
Además, los ex trabajadores irán próximamente “a Marbella para intentar presionar allí a la empresa” a la par que “seguiremos con las protestas y con la lucha. Desde ahora daremos pasos fuertes a nivel de protestas. Es vergonzoso que 52 padres de familia estén en la calle y no den la cara”.
Por último, el colectivo agradeció “el funcionamiento de la justicia ya que el juzgado, dentro de la ley, lo está llevando bien. El juez ha hecho todo lo posible, reunificando todos los bienes”.
Suspensión
La subasta se suspendió al no localizarse, para su correcta notificación, a los dueños de Metalsa y a uno de los trabajadores. Así, la secretaria del servicio común de Algeciras destacó que “se ha suspendido por la ausencia de algunas condiciones, tales como no poder notificar el día exacto de la subasta al propio ejecutado ya que tiene domicilio desconocido”.
Desde el juzgado se señala que “se han encontrado una serie de cargas en las fincas que hay que restar para determinar su valor real. El edicto establece que quien se quede con esas fincas deberá sufragar esas cargas. Esto debe realizarse ahora ante la posibilidad de que el ejecutado pueda solicitar la nulidad de la subasta hasta dentro de diez años”.
La secretaria avanzó que lo próximo sería conocer el domicilio de la empresa para notificaciones así como conocer si las fincas cuentan con cargas pendientes. Posteriormente, los terrenos saldrían a subasta al 50% de su precio inicial y podrían ser adquiridos por los propios trabajadores.
