En rueda de prensa, Sanz lamentó que el Senado haya aprobado una enmienda planteada por CIU de derogar el artículo del Real Decreto Ley 6/2009, por el que se crea el mecanismo de Registro de Preasignación para las energías renovables.
Con esta moción se deroga el Registro de Preasignación, creado el pasado mes de mayo, y se modifican lo establecido en el decreto 661/2007 al suprimir la garantía que suponía el hecho de que, una vez alcanzado el 85 por ciento del objetivo de potencia (500 Mw), se otorgaría un plazo mínimo de doce meses para aspirar a la obtención del régimen económico del citado Real Decreto.
La derogación de este artículo supondría una "agresión", ya que pondría en peligro 10.000 empleos y la pérdida de unos 5.000 millones de euros, según Sanz, quien añadió que esta es la prueba que ni el PSOE andaluz ni el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, "pintan nada en Madrid".
El dirigente del PP lamentó que el presidente de la Junta permita que se le marque un gol a Andalucía "por toda la escuadra", ya que el de las energías renovables es un sector que necesita seguridad a largo plazo.
Aprean pide al Gobierno que escuche a los empresarios
Por su parte, la Asociación de Promotores y Productores de Energías Renovables de Andalucía (Aprean Renovables) pidió ayer al Gobierno central que escuche a los empresarios del sector como "principal afectado" en el posible cambio de normativa en materia de renovables, un cambio que calificó de "tremendamente inaceptable" por la "parálisis" que provocará en un sector creador de empleo y riqueza.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de Aprean, Mariano Barroso, subrayó que "no se pueden cambiar las reglas del juego a mitad del camino" y mostró su "incertidumbre" ante lo que pueda ocurrir en el sector a partir de este jueves, si sale adelante en el Congreso la enmienda de planteada por CIU de derogar el artículo del Real Decreto Ley 6/2009, por el que se creaba el mecanismo de Registro de Preasignación para las energías renovables, y aprobada en el Senado.
En este sentido, explicó que los proyectos que desarrolla este sector cuentan con una vida media mínima de 20 años ante los que "no caben imprecisiones normativas ni constantes cambios", por lo que se preguntó que entidad financiera financiará a unas instalaciones renovables, con costes que ascienden a 300 millones de euros, si no existe certeza de los beneficios que obtendrá.
"No se puede parar un sector en auge con este tipo de decisiones", recalcó el directivo, quien alertó sobre la negativa situación que acarrearía un sector con "parálisis" de inversiones, "clave" en el cambio de modelo y ante un "panorama de crisis" en el que se constituye como un ámbito creador de empleo.
De este modo, reconoció que la normativa puesta en funcionamiento esta primavera se aceptó "más mal que bien", ya que obligó a las empresas a recabar "exhaustivas" documentaciones para obtener los permisos pertinentes para las plantas, una nueva documentación que suponía costes de unos 30.000 euros por expediente.
"Todas las empresas comenzaron trabajaron duramente para cumplir con la exhaustiva documentación, hasta las que ya estaban prácticamente en funcionamiento", añadió Barroso, quien calificó como "tremendamente inaceptable" el posible cambio de normativa "una vez que comenzaba a andar".
Barroso reiteró las negativas consecuencias directas que conllevaría esta situación, apuntando a la paralización del sector, especialmente de la relativa al desarrollo termosolar, al plantear unos topes "muy inferiores" a los megavatios que ya se están construyendo.
