Como si fuera lluvia fina, empieza a calar en una parte nada desdeñable de la sociedad andaluza la sensación de que sus servicios públicos están en peligro. Sedimenta poco a poco en el pueblo andaluz un marco mental -con seguidores y detractores- de ataque o adelgazamiento de la prestación pública de los pilares básicos del Estado del Bienestar. Quizás estas sensaciones tengan un punto de precipitación, pero algo se está cociendo cuando en apenas un año la Junta de Andalucía se ha enfrentado a numerosas protestas sanitarias, una huelga educativa y un paro puntual, pero con enorme impacto, en la Radio Televisión Andaluza.
Sean o no sean, como se ha llegado a decir por algunos analistas, huelgas preventivas de los sindicatos o injustas por los problemas heredados de los anteriores gobiernos socialistas, lo cierto es que el ejecutivo andaluz está cometiendo algunos errores de bulto en la gestión de estas convocatorias sindicales y ciudadanas en sectores muy sensibles para los andaluces. Al igual que ha calcado aciertos históricos del PSOE andaluz al intentar hacerse con las banderas andalucista y feminista que parecían propiedad de la izquierda, los inquilinos del Palacio San Telmo han emulado también la garrafal torpeza del anterior gobierno de Susana Díaz de minusvalorar las protestas sanitarias que tuvieron su erupción en Granada.
En un ejercicio de mimetismo sorprendente, el ejecutivo autonómico y los tres partidos que lo sustentan o apoyan, han reiterado antes del paro educativo que la huelga era política e ideológica -por cierto, tiene su paradoja esquizofrénica y autodestructiva que los políticos utilicen de manera peyorativa la palabra política-. Para terminar de arreglarlo, sorprendentemente han empleado durante y después de la huelga la incomprensible táctica de laminar a los convocantes sin percatarse que no son adversarios políticos, sino ciudadanos. Al afirmar el portavoz Elías Bendodo que la huelga “fracasó” y el presidente Juan Manuel Moreno que el seguimiento fue “discreto”, lejos de hundir la moral de los sindicatos, las Ampas y los estudiantes, les han enervado sobremanera y reafirmado en su convencimiento de esta lucha contra el decreto de escolarización no ha hecho sino empezar.
Más allá de la guerra de cifras, miles de andaluces se echaron a las calles para denunciar un ataque a la escuela pública en favor de la concertada. ¿Todos están teledirigidos por partidos políticos y sindicatos? ¿Están equivocados todos los sindicatos que hacía años que no iban todos a una? De igual manera, el Gobierno andaluz actuó con las protestas sanitarias y cuando Canal Sur se fue a negro. Piensan o nos quieren hacer creer que escosa de unos pocos. El tiempo dirá cuántos son esos pocos.
