Según una primera valoración por escrito a la que tuvo acceso Europa Press, la administración regional aseguró que "no puede aceptar" los planteamientos de Astilleros y recuerda las reiteradas solicitudes realizadas a la compañía para que presente un plan que justifique su "idea de continuidad y siempre que se base en una financiación mayoritariamente privada que lo avale".
Así, advirtió de que, según las manifestaciones de los actuales gestores de la firma, Astilleros pretende "exclusivamente" que los acreedores de ambas sociedades realicen una "quita importante de las deudas actuales y que ambas sociedades obtengan financiación y ayudas públicas para su viabilidad futura".
Sin embargo, la Junta realizó un llamamiento para que la empresa no abandone la mesa de negociación y actúe en consonancia a la "gravedad" de la situación, "asumiendo su responsabilidad y dando al futuro de los trabajadores una oportunidad, que en estos momentos no existe, y que no admite demora". En este marco, dejó claro que continuará trabajando "intensamente" con sindicatos, entidades financieras y armadores para conseguir una "alternativa de futuro" tanto en Huelva como en Sevilla.
Recordó que la Junta presentó el 20 de octubre un documento que partía de la "realidad" de ambos astilleros ante la gestión de sus administradores, una realidad que se refleja en el "procedimiento preconcursal que atraviesan ambas sociedades de 'motu propio', dado que no pueden hacer frente a sus pagos, entre los que se encuentran la nómina de la plantilla de Astilleros de Huelva".
El Gobierno regional, "consciente de la destrucción de empleo que se podría ocasionar como consecuencia de la acción de la propia empresa", buscó nuevos inversores, con los que se encuentra en negociaciones "avanzadas", para redimensionar la actividad naval de Huelva y se establezcan empresas industriales, además de cambiar la gestión en Sevilla para asegurar su viabilidad y mantener el empleo.
Asimismo, advirtió de que fue la propia empresa la que planteó por escrito inicialmente el cese de la actividad naval en Huelva, como "elemento esencial"; mientras que el plan de la Junta plantea redimensionar su actividad, al menos durante diez años, a la construcción de barcos de tamaño inferior y "apropiados a las actuales instalaciones, así como la realización de labores de reparación y mantenimiento con un nuevo inversor dispuesto a liderar el nuevo proyecto naval".
En este marco, se refirió a las afirmaciones realizadas por Astilleros, matizando que la posible ampliación de capital supone un punto ya planteado en las negociaciones y condicionado por los armadores, entidades financieras e inversores a la "salida de los actuales propietarios".
Igualmente, apunta a premisas planteadas por la empresa tendentes a "dilatar el proceso", como es la necesidad de obtener una autorización por parte de sus juntas generales de accionistas, la designación de diferentes entidades para la valoración de activos y la resolución de los acuerdos si la empresa acredita una "alternativa razonable, tras meses solicitando a la empresa un plan con inversiones privadas".
El Gobierno regional añadió que otros planteamientos realizados por la empresa ya están contemplados en la mesa de negociación, como la coordinación con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), la creación de una comisión mixta, o la intervención en la hoja de ruta de los sindicatos, que "vienen reclamando por su parte que la empresa acepte el plan planteado por la Junta".
Por último, recordó que la empresa propone no incluir en el expositivo del documento la información relativa a la gravedad financiera de las compañías, información facilitada por los propios miembros de sus consejos de administración y "motivo ineludible del conflicto desde el que se debe de partir para afrontar los correspondientes compromisos y responsabilidades".
Reacción de los sindicatos
Tras conocer la negativa de Astilleros a aceptar el plan de la Junta, el secretario general de CCOO-A, Francisco Carbonero, precisó ayer que "no hay solución posible si no hay un cambio de accionistas", puesto que en la actualidad esta industria naval es "poco capaz de competir por la incapacidad demostrada en su gestión".
En este sentido, conminó al actual empresario a que "permita buscar un plan de viabilidad en el que no sea él el protagonista principal" ya que "nadie va a querer invertir mientras él esté mandando en la empresa, nadie querrá poner un euro para salvarlo".
Carbonero consideró que si no se da ese cambio de actitud "se está poniendo en peligro la actividad industrial y el empleo" cuando de lo que se trata es de "buscar una plan que aporte viabilidad a Huelva y no que arrastre también a Sevilla".
Además, pidió responsabilidad a los empresarios pues "con actitudes como ésta sólo provocan un aumento de la crispación y la conflictividad".
Por su parte, el secretario general de la UGT-A, Manuel Pastrana, criticó ayer la negativa al plan diseñado por la Junta puesto que "supone la viabilidad de los dos astilleros y la garantía del empleo".
"Salvo que la empresa saque un conejo de la chistera en el último momento no tiene ninguna alternativa sino abocar a astilleros al cierre definitivo", sentenció Pastrana.
El consejero de Empleo, Antonio Fernández, por su parte, consideró que es "una injusticia para Andalucía, para los trabajadores y para el Gobierno" la posición de Astilleros Huelva, cuya respuesta "publico-política" tiende a dilatar y a buscar más intereses personales que a buscar el interés global en la resolución del conflicto, y pidió una reflexión "contundente", pues se no ser así, advirtió de que "actuarán en las distintas instancias".
Ante la posibilidad de que la Junta se hiciera cargo de la empresa de manera transitoria, Antonio Fernández negó esta opción, pues asegura que "la economía abandonó la intervención pública hace tiempo", y es algo que "no está en el guión" que han dado a conocer a los propietarios de Astilleros Huelva.
Fernández declaró que el papel de la Junta de Andalucía consiste en hacer la "ordenación de la transición de una empresa quebrada en una actividad que sea viable con la actividad naval en Huelva y en Sevilla".
Mientras, el coordinador de IULV-CA, Diego Valderas, aseguró que lo de los Astilleros de Huelva y Sevilla es un "problema de Estado" para Andalucía, y propuso que la Junta entre a formar parte de la empresa como socio al igual que hizo con Santana en Linares (Jaén).
Valderas aseguró que esto es "un paso más para el desmantelamiento general del sector de los astilleros en nuestra comunidad autónoma", y en este sentido cree que "hay que trabajar desde la intervención pública para salvar tanto a la factoría de Huelva como la de Sevilla"
Desde IU aseguran que no van a aceptar el cierre de la factoría de Huelva, que es lo que pretende a su juicio la Junta, y se preguntan cómo es posible que la Junta proponga que se cierre una factoría cuando la empresa no quiere, y cuando hay trabajo para los dos próximos años.
Las empresas auxiliares sí respaldan el rechazo de Astilleros
La Comisión de Seguimiento de Empresas Auxiliares y de Servicios del Sector Naval se reunió ayer con Rafael Gómez, miembro del Consejo de Administración de Astilleros de Huelva, a quien le manifestaron el respaldo del sector a sus planteamientos frente a la 'hoja de ruta' de la Junta de Andalucía.
Las auxiliares, según apuntaron en un comunicado tras el encuentro, se mantienen en su postura de evitar acabar con la construcción naval en Huelva que es, al fin y al cabo, lo que, entienden, llevarían aparejadas las propuestas del Gobierno andaluz.
Para las empresas auxiliares, si importante es el cobro de la deuda pendiente, aún lo es más conseguir la continuidad de la actividad ya que ello garantizaría la propia razón de ser de sector que emplea a más de mil trabajadores, sin olvidar la incidencia que el trabajo de Astilleros tiene en otros aspectos económicos.
En la reunión de ayer, Rafael Gómez, miembro del Consejo de Administración de Astilleros de Huelva, recibió el respaldo de esta comisión, entendiendo los planteamientos que desde dicha factoría se ha hecho a la propuesta de hoja de ruta elaborada por la Junta de Andalucía para ayudar a la empresa, ya que el propio documento del Gobierno andaluz parte de la prolongación de una situación de inactividad para la factoría, del todo inaceptable.
Además, desde la Junta de Andalucía se prevé el cese y desmantelamiento de la actividad naval en Huelva, para la cual Astilleros está autorizada legal y reglamentariamente, obviándose, por tanto, los contratos existentes en vigor y la posibilidad de construir buques que tienen gran demanda en el sector naviero internacional.
El marco de ayudas comunitarias a la construcción naval, al que se acogería la Junta de Andalucía, obliga al "Estado miembro autorizado a velar por que las instalaciones de construcción naval permanezcan cerradas durante un períodos no inferior a diez años".
Las medidas defendidas por la Junta demuestran, además, según el sector, "un desconocimiento absoluto del impacto que el cese de la actual actividad naval puede suponer para los indicadores de empleo en Huelva por su repercusión en las empresas auxiliares que dan trabajo a más de 1000 personas en su conjunto".
