También el PP había presentado dos vetos a estas leyes que no llegaron a votarse al haber prosperado el del BNG, en tanto que el de CiU no contó con apoyo suficiente.
El dictamen de la Comisión será votado, el próximo miércoles, por el Pleno del Senado y, si se repite el resultado de la votación, el sistema de financiación será devuelto al Congreso.
La sesión se inició ayer, con la vicepresidenta económica, Elena Salgado, quien abrió el debate con el anuncio de que en 2009 se hará llegar a las comunidades la correspondiente anualidad, si se apruebe el sistema.
Señaló que cada comunidad conocerá la cifra que le corresponde tras la aprobación definitiva del modelo en las comisiones mixtas y que habrá 11.700 millones de euros adicionales que reforzarán las políticas de bienestar y la igualdad en el acceso a los servicios básicos.
Tras su comparecencia, Salgado abandonó el debate para ir a votar al pleno del Congreso de los Diputados, lo que fue criticado por varios consejeros del Partido Popular.
Asturias, Castilla-La Mancha, Cantabria, Cataluña, Andalucía y Baleares se han mostrado a favor del nuevo modelo, al considerar que es “solidario”, avanza en la igualdad y garantiza el estado de bienestar.
Lo han rechazado las comunidades gobernadas por el PP que, con Madrid a la cabeza, que han denunciado la negociación de un modelo que beneficia especialmente a Cataluña.
En opinión del consejero de Economía y Hacienda madrileño, Antonio Beteta, “se ha hecho expresamente para perjudicar a Madrid” y es “mucho peor que eso”, ya que “es España la que pierde”.
El conseller de Economía catalán, Antoni Castells, defendió un sistema “respetuoso” con el Estatuto y que “no supone un privilegio para nadie”, y apeló al espíritu de la transición para lograr su aprobación.
Criticó a los que pretenden presentar a Cataluña como una comunidad insolidaria, “y con ello tratan de crear un clima emocional de rencor contra Cataluña”.
El consejero de Economía de Asturias, Jaime Rabanal, dijo que este modelo es “necesario” para superar la crisis, además de una oportunidad para avanzar en la cohesión territorial.
Ángel Agudo, consejero de Economía y Hacienda de Cantabria, aseguró que el modelo “no es una ocurrencia, ni una imposición” de una comunidad, sino una necesidad expresada por todas “con independencia de su color político”.
La vicepresidenta de Castilla-La Mancha, Luisa Araújo, pidió el apoyo del Senado a un sistema por el que “todos ganamos y ninguno perdemos” y que es especialmente “bueno” para su comunidad.
La consejera de Economía andaluza, Carmen Martínez Aguayo, refrendó su apoyo “sin reservas” a un modelo que es “bueno” para su comunidad y para España.
Carles Manera, titular de Economía y Hacienda de Baleares, ha considerado que es “netamente positivo” para los intereses de este territorio, de todas las comunidades autónomas y del Estado.
La consejera de Hacienda de Galicia, Marta Fernández, rechazó un modelo en el que los recursos de cada autonomía “pasan a depender en alguna medida de su capacidad fiscal y en ultima instancia de su nivel de renta”.
El consejero de Hacienda de La Rioja, Juan José Muñoz Ortega, denunció que la negociación “ha tenido un exclusivo carácter bilateral entre el Estado y Cataluña” y dijo que el modelo tiene “casi nulos efectos económicos sobre las arcas” de su comunidad.
La consejera murciana, Inmaculada García, expresó su confianza en que los trámites parlamentarios corrijan las “asimetrías, errores e injusticias” del modelo y ha acusado al Gobierno de haber hecho primar sus “hipotecas políticas” al interés de los ciudadanos.
La responsable de Economía de Castilla y León, Pilar del Olmo, recalcó que el modelo es “injusto” y presenta un “enorme grado de incertidumbre”, dado que “se ha construido sobre previsiones de ingresos y no sobre datos ciertos”, aseguró.
