Bruselas ha hablado alto y claro sobre la Proposición de Ley presentada por el PP-A y Vox en el Parlamento de Andalucía en relación a los regadíos en el entorno de Doñana. Sin embargo, nada ha cambiado un día después, pues sigue habiendo dos posturas enfrentadas, pese al toque de atención de la Comisión Europea.
El principal argumento de los defensores de esta propuesta, que desde las filas del PP mantienen que se llevará al Pleno del Parlamento andaluz, es que en ningún momento se habla de agua subterránea, sino que en todo momento se plantea reconocer derechos de regadíos de agua en superficie, que debe llegar a través del trasvase del Condado.
Pues bien, el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), Joaquín Páez, ha hablado este miércoles al respecto y ha dejado claro que “la ley del trasvase está pensada no para aumentar los regadíos, sino que se planteó en su día para resolver los problemas ambientales del acuífero, y así debe hacerse, y estamos trabajando para que se haga realidad y nos permita sustituir agua subterránea por agua superficial”.
Al respecto, en declaraciones a Canal Sur recogidas por Europa Press, ha detallado que el referido trasvase desde la demarcación de los ríos Tinto, Odiel y Piedras establece que, de los citados 20 hectómetros cúbicos que se transfieren, “entre 14 y 17 son para el regadío, para sustituir agua subterránea con concesión, con derechos consolidados, por agua superficial”, y “en ningún caso para que aparezcan nuevas hectáreas a las que haya que surtir con agua de ese trasvase”.
Actualmente, “de esos 20 hectómetros cúbicos de trasvase se están utilizando siete, 3,4 en la comunidad de regantes del Fresno, en la zona del Condado de Huelva, que nos ha permitido clausurar 420 pozos totalmente legales por el agua que proporciona ese trasvase”.
“El resto de agua que falta hasta esos 20 hectómetros cúbicos hay que distribuirlos y completar el regadío en esa zona del Condado y también en la de Almonte, que es precisamente donde peor calidad cuantitativa hay en el acuífero”, ha abundado el presidente de la CHG.
Por ello, ha apelado a “cumplir con la normativa que todos hemos acordado” en relación a la situación de los agricultores de la zona del espacio natural de Doñana, y ha insistido en que la ley del trasvase “en ningún caso” contempla que “aparezcan nuevas hectáreas” de regadío “a las que haya que surtir con agua de ese trasvase”.
De hecho, ha afirmado que “tenemos un clima que es el que es, estamos sometidos a los efectos del cambio climático especialmente, y tenemos que contener la expansión del regadío”, y ha concluido subrayando que así “se aprobó en el Consejo del Agua, en la junta de gobierno de la CHG en 2005”.
Por su parte, la Plataforma en Defensa de los Regadíos del Condado, que aglutina a los agricultores de la Corona Norte de Doñana, considera que el Gobierno central “no se ha leído” la Proposición de Ley y por ello “no ha explicado bien en Europa en qué consiste”.
El portavoz de la plataforma, Julio Díaz, ha indicado que entienden que el Gobierno”no está colaborando ni está aportando a la sostenibilidad de Doñana como debiera”.
Entre tanto, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández-Pacheco, ha sostenido este miércoles que en el Gobierno andaluz “no tiramos la toalla” sobre la posibilidad de alcanzar un acuerdo con el Gobierno de la Nación acerca de la actividad agrícola en el entorno de Doñana y la preservación del acuífero que nutre al Parque Nacional y con ello “trasladar una imagen de unidad ante Bruselas”.
El consejero reconoce que “el acuífero de Doñana está en una situación complicada” y que hay “una línea roja infranqueable” pero también pide llegar a un acuerdo para darle una solución a unas 650 familias de la zona.
