La Junta de Andalucía creará una comisión para estudiar cómo hacer realidad la renta básica social que recoge el Estatuto de Autonomía en su artículo 23.2 desde hace más de una década. Han hecho falta 23 días de huelga de hambre, pero el activista malagueño Paco Vega, que ha hecho de la reivindicación de este derecho su particular bandera, ha arrancado el compromiso del Viceconsejero de Igualdad, Manuel Martínez, con el que se ha reunido este jueves durante más de un hora. El objetivo no es otro que garantizar unos ingresos mínimos, especialmente entre las mujeres víctimas de violencia de género y las familias con pequeños que no cuentan con ningún tipo de recursos, a la vista de las estadísticas que sitúan a Andalucía como una de las comunidades con más pobreza infantil.
Mantendrá la huelga de hambre hasta que haya un compromiso público e institucional, rubricado por la mismísima Consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio.
Vega, que ya protagonizó más de 20 días de ayuno el pasado mes de noviembre, interrumpidos por una amenaza de neumonía, logró elevar entonces el debate hasta el Parlamento andaluz de la mano de Podemos, quedando en papel mojado de cara a los presupuestos. Ahora mantendrá la huelga de hambre hasta que haya un compromiso público e institucional, rubricado por la mismísima Consejera de Igualdad, María José Sánchez Rubio.
"Renta básica como un derecho, no como caridad", recuerda este incansable luchador que ha dedicado toda su vida al trabajo social. En esta última aventura ya se ha dejado por el camino más de nueve kilos. Cansado físicamente, asegura que sigue con la moral igual de alta que el primer día. Hasta que esa promesa institucional se haga realidad, seguirá cada día laborable fiel a su cita, de diez de la mañana a una de la tarde a las puertas de la delegación de la Junta en Málaga, en la Alameda Principal, ataviado únicamente con una bandera blanca y verde y un buen puñado de razones.
Málaga
La Junta estudiará la renta básica tras 23 días de huelga de Paco Vega
El malagueño arranca el compromiso del Viceconsejero de Igualdad de crear una comisión para que víctimas de malos tratos y familias tengan un ingreso mínimo.
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