La Fiscalía de Granada pide un año de cárcel a cada una de las tres acusadas por la presunta comisión de un delito de estafa a un matrimonio británico del que supuestamente aprovecharon "el absoluto desconocimiento que tenían del idioma español" para trasladarles que una finca que iban a adquirir en Bácor, anejo de Guadix (Granada) tenía 22.000 metros cuadrados en vez de su superficie real "según certificación catastral" de 12.267 metros cuadrados.
Según consta en el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, ello llevó al matrimonio a pagar un total de 108.060 euros por la finca cuando "según informe pericial, alcanzaría aproximadamente los 49.000 euros".
Los hechos sucedieron entre los años 2002 y 2004 cuando las acusadas, a las que también se pide inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de condena, y multas de 1.800 euros, "urdieron un plan con el que pretendían enriquecerse de manera injusta y en perjuicio de los ciudadanos británicos".
Una de ellas, de nacionalidad inglesa y encargada entonces de una inmobiliaria en El Contador (Almería), fue el primer contacto del matrimonio en España antes de desplazarse el 11 de noviembre de 2002 desde Inglaterra al municipio granadino de Zújar donde tenía su asesoría otra de las procesadas, de nacionalidad española, que propuso "adquirir la finca en dos veces, es decir, realizar un primer contrato por 10.000 metros cuadrados y un segundo contrato por los restantes 12.000" pese a que la extensión real de la finca era de 12.267 metros cuadrados.
"Los compradores, confiando en todo momento en la palabra de las acusadas, firmaron dos contratos de opción de compra", prosigue el escrito de acusación del fiscal.
El matrimonió regresó a Inglaterra tras dar poderes a la acusada responsable de la asesoría que formalizó el contrato de compraventa el 19 de diciembre de 2002 con los dos propietarios de la finca, uno de los cuales actuaba supuestamente "de común acuerdo" con las procesadas si bien falleció el 8 de mayo de 2011 acordándose el "sobreseimiento libre" por auto de fecha 19 de noviembre de 2012.
El precio convenido por la primera venta, correspondiente a 10.000 metros cuadrados, fue de 36.060 euros, obteniendo las dos supuestas implicadas sendas comisiones de 9.000 euros.
También el 19 de diciembre de 2002 se firmaba otro contrato de opción de compra que decía referirse a "12.000 metros de tierra secano 'colindante' con la tierra que han comprado los señores" británicos si bien, especifica la Fiscalía, era una "afirmación que no correspondía con la realidad la que la finca que se vendía tenía una extensión real de 12.267 metros cuadrados y no de 22.000 metros cuadrados como hicieron creer a los compradores".
Cuando, en julio de 2004, el matrimonio inglés vuelve a España para "instalarse aquí definitivamente" contactan con la tercera acusada, de nacionalidad alemana, "quien actuó de intermediaria entre ellos y los vendedores en la compra de la segunda parte de la finca" para la que se fijó un precio convenido de 72.000 euros de los que quedaron pendientes de pago 30.000 euros derivándose comisiones de aproximadamente 1.500 euros.
En agosto de ese mismo año, se eleva a público el primer contrato en la notaría de Baza por un precio de 30.000 euros si bien "en ninguna de las estipulaciones de la escritura se hacía mención al hecho de que de tal finca se estuviera adquiriendo tan solo un trozo de 10.000 metros cuadrados, ya que tal posibilidad no era factible habida cuenta de que la finca no tenía 22.000 metros cuadrados".
Los compradores entregaron a los vendedores en ese acto "otros 30.000 euros en efectivo que, según la escritura correspondían al pago del precio, si bien aquellos, engañados por las acusadas, creían que dicho pago correspondía al resto de deuda" que quedaba del segundo contrato.
Cuando fueron a encargar el proyecto de construcción de la vivienda, siempre según el relato de la Fiscalía, los ya propietarios "tuvieron conocimiento de que la finca adquirida no tenía la extensión que ellos creían" e interpusieron querella.
Las acusadas se enfrentan a un delito de estafa con especial gravedad, si bien concurre la atenuante de dilaciones indebidas pues "el procedimiento se ha extendido durante más de ocho años por causa no imputable a los querellados", especifica el fiscal en el relato de los hechos que serán juzgados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada.
