La presunta red de expolio de aves rapaces protegidas, que el mismo juez que la investigó consideró que no existía como tal, ha llegado al Congreso de los Diputados, en esta ocasión a través de una pregunta del diputado socialista Felipe Sicilia al Ministerio del Interior, en la que se interesa, entre otras cosas, por el coste real que supuso una investigación que finalmente no ha llegado a concluir ninguno de los extremos que presuponía la Guardia Civil.
La llamada Operación Horus partió de una investigación de la Guardia Civil que llevó el juzgado de Instrucción 1 de Sanlúcar La Mayor y que derivó en la imputación de doce personas, entre ellas el director del centro de cría del águila imperial de San Jerónimo, al considerar, según su versión, que existía una red de expolio de huevos y crías de aves rapaces protegidas, que además utilizaban para justificar las subvenciones que recibía el programa.
La investigación, tras un año y medio, contó con detenciones e interrogatorios, registros de viviendas, incautación de material de trabajo, grabaciones de conversaciones pero finalmente el propio juez tuvo que inhibirse a favor de los diferentes juzgados en los que fueron detenidos los implicados, lo que en la práctica significaba que no existía la red de expolio que hubiera justificado su instrucción, muy cuestionada por las defensas de los acusados, que no entendían que no se trasladase a instancias superiores al afectar a varias comunidades autónomas. En el caso de los imputados en Sevilla, ni siquiera la Fiscalía ha presentado cargos para continuar la instrucción, en espera de su cierre definitivo.
Todos estos aspectos son los que han llevado al diputado Felipe Sicilia a preguntar al Ministerio del Interior sobre los costes reales, en medios materiales y humanos, que ha supuesto el año de investigación. Sicilia va más allá y pregunta al Ministerio si “han decidido investigar la existencia de posibles errores basados en fuentes no contrastadas y de nula credibilidad, y en su caso, si piensan abrir una investigación interna para depurar responsabilidades”.
Sobre el caso en sí, Sicilia preguntá qué fue lo que motivó que la Guardia Civil se dirigiera a los juzgados de Sanlúcar la Mayor cuando la investigación “afectaba a varias comunidades autónomas y diferentes partidos judiciales”, además de cuestionar la razón por la que la misma Benemérita decidió “conceder una distinción al magistrado instructor de las investigaciones, precisamente durante el desarrollo de las mismas”, recordando su inhibición posterior y la no existencia de la presunta red que “decía existir la Guardia Civil”.
Además, Sicilia pregunta si la Guardia Civil solicitó información a la Junta de Andalucía sobre el programa de cría en cautividad del águila imperial y las personas que estaban habilitadas para su “captura legal”, incidiendo en el hecho de si la Benemérita “no sopesó” el posible daño que podría ocasionar el “linchamiento” que practicó contra los acusados y el programa.
Según los propios afectados, el proyecto logró evitar la muerte de 104 pollos en el nido y reitroducir la especie en Cádiz, pero tras ser apartados los responsables del programa debido a su imputación, la mortalidad ha crecido en un 400% y sólo se han salvado 27 en el último año.
