Ambas iniciativas son consecuencia de la Directiva Marco del Agua (DMA) de la UE, que obliga a garantizar en 2015 la depuración y el buen mantenimiento de todas las aguas y a trasladar el coste real de este compromiso a los consumidores, tanto domésticos como agrarios o industriales, para fomentar un uso eficiente de este bien escaso.
El canon de mejora de la Ley andaluza de Aguas se comenzará a cobrar a partir del próximo 1 de mayo y prevé recaudar 1.765 millones de euros en los próximos cinco años para financiar las trescientas obras de infraestructuras de depuración y saneamiento que han sido declaradas de interés por la Junta de Andalucía.
Por otra parte, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y las demás instituciones responsables de esta cuenca deberán aumentar su recaudación en unos 110 millones de euros, también antes de 2015, para cumplir el mandato de la DMA de que los ingresos por suministro cubran el coste real del ciclo integral del agua, que incluye su obtención, almacenamiento, transporte y depuración.
El Plan Hidrológico del Guadalquivir, actualmente sometido a información pública, establece que este aumento de la recaudación se trasladará “levemente” al actual canon de regadío y a las tarifas de los consumidores urbanos e industriales.
La mayor recuperación de costes se logra actualmente en los suministros para usos industrial y doméstico, cuyas tarifas cubren el 86,82 y el 86,72% del coste real, frente al riego agrario, que sólo paga el 77,91% del coste real del agua que consume. La previsión de estos índices para 2015 fija una recuperación de costes del 88,73% para la industria, del 91,31% para el abastecimiento urbano y del 75,82% para el regadío.
